Dos exfuncionarios de la Administración del expresidente Donald Trump que manejaron asuntos de inmigración dicen que la promesa republicana de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia de Estados Unidos” si Trump es reelegido requeriría esfuerzos de “todo el Gobierno” y costaría miles de millones de dólares.
Es difícil precisar el número exacto de personas que serían deportadas en un segundo mandato de Trump.
Durante el debate presidencial del 29 de junio, el expresidente afirmó que había 18 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Uno de los dos exfuncionarios de Trump dijo que la cifra podría llegar a 30 millones.
La estimación más reciente del Gobierno es que poco menos de 11 millones de inmigrantes no autorizados residían en Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2022. Esto representa 500,000 más que dos años anteriores, pero menos que el total de 11.6 millones de 2010.
Es importante destacar que, desde esa estimación, no está claro cuántos no ciudadanos adicionales han ingresado a Estados Unidos. Tampoco se sabe con certeza cuántos han cambiado de estatus legal o se han marchado voluntariamente desde esa estimación.
Cualquiera que sea la cifra total actual de inmigrantes indocumentados, los esfuerzos de deportación durante las Administraciones de Trump y del presidente demócrata, Joe Biden, han sido sólo una pequeña fracción de lo que promete la plataforma de la Convención Nacional Republicana para una segunda presidencia del empresario.
Durante el mandato de Trump hubo un estimado de 935,089 deportaciones, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Hasta febrero, se estima que han habido 339,751 deportaciones durante la Administración Biden.
La semana pasada, según el medio Semafor, un exdirector interino de ICE bajo Trump, quien es visto como un posible jefe del Departamento de Seguridad Nacional en una segunda Administración del empresario neoyorquino, dijo en una conferencia conservadora: “No han visto nada todavía. Esperen a 2025”.
“Trump regresa en enero”, dijo Tom Homan, “yo le seguiré los pasos cuando regrese y dirigiré la operación de deportación más grande que este país haya visto jamás”.
En una declaración, la secretaria de prensa nacional de Trump, Karoline Leavitt, de la campaña del expresidente, dijo: “La mayoría de los estadounidenses quieren deportaciones masivas de inmigrantes ilegales… El primer día, de vuelta en la Casa Blanca, el presidente Trump comenzará la operación más grande de deportación criminal de inmigrantes ilegales y restaurará el estado de derecho”.
Un costo “astronómico”
NBC News, cadena heramana de Noticias Telemundo, preguntó al director interino de ICE, Patrick J. Lechleitner, sobre qué se necesitaría para deportar a millones de personas.
Lechleitner no hizo comentarios sobre la plataforma de la convención republicana, pero dijo que, en general, deportar es muy complicado y requiere una enorme cantidad de logística: “No se trata sólo de subirlos en aviones y transportarlos, lo que es costoso, tenemos que tener aviones. También tenemos que tratar con las naciones que los reciben. Tenemos que conseguir documentos de viaje, tenemos que hacer toda la logística que involucra”.
El funcionario señaló que para algunas personas que no están detenidas, el camino hacia la deportación puede llevar años. “Tenemos que monitorearlos todo ese tiempo. Eso requiere muchos recursos”, dijo.
“No hay manera logística de localizar a entre 10 y 12 millones de inmigrantes indocumentados con los empleados de ICE que tienen actualmente”, afirmó.
Dijo que la gran mayoría de los deportados no son arrestados en sus hogares por agentes de ICE, sino que han tenido alguna interacción con las autoridades locales, como cuando hay un control de tráfico, que finalmente los lleva a la custodia de la agencia.
Andrews explicó que los esfuerzos emprendidos por ICE para perseguir a delincuentes en los vecindarios están tradicionalmente reservados para aquellos que son condenados o sospechosos de delitos violentos graves. Y señaló que las investigaciones han establecido que los inmigrantes cometen menos delitos que los estadounidenses promedio.
Ammon Blair, un exagente de la Patrulla Fronteriza que dejó la agencia en 2023 y ahora es miembro principal de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, también expresó escepticismo. “Honestamente, no veo que eso suceda”, dijo. “Primero, porque creo que es un suicidio político, y segundo, creo que debemos centrarnos en cuestiones de seguridad nacional”.
Blair dijo que un esfuerzo del tamaño propuesto requeriría una gran participación de las autoridades locales, y dijo que las ciudades fronterizas ya tienen lo suficiente con qué lidiar. “No tenemos la mano de obra ni el espacio para gestionarlo”, dijo. “El gasto federal tendría que fluir hacia estas agencias locales”. También dijo que la óptica de deportar niños podría generar una reacción negativa importante.
Mark Morgan, excomisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza bajo Trump, dijo que las deportaciones masivas deberían priorizar a aquellos que han cometido delitos graves en lugar de a sus familias. Dijo que la aplicación de la ley podría realizarse a través de fondos adicionales para ICE, así como consecuencias para las ciudades que se nieguen a cooperar.
“Una cosa que creo que debemos hacer es ir tras las ciudades santuario para quitarles su financiación”, dijo Morgan, ahora miembro invitadode la Heritage Foundation, un grupo conservador.
Los expertos dicen que los costos aumentarían rápidamente con una operación de este tamaño.
El presupuesto de ICE para transporte y deportación en 2023 fue de 420 millones de dólares, y en ese año la agencia deportó a 142,580 personas. Los costos de la deportación varían ampliamente según el país e incluyen variables como costos de vuelos comerciales, necesidades de seguridad y el uso de vuelos chárter. La expulsión de 10 millones de personas podría costar fácilmente decenas de miles de millones de dólares.
Pero los millones de deportados también tendrían que ser detenidos y alojados antes de su expulsión. Actualmente, ICE gestiona 41,500 camas en 200 cárceles y centros de detención a un costo de 57,378 dólares al año por cama, según documentos del presupuesto público. En caso de una deportación masiva, el Gobierno tendría que costear muchas más camas.
El costo combinado, dijo Andrews, “sería astronómico”.
Quienes apoyan una deportación masiva dicen que el costo de detener y expulsar a inmigrantes indocumentados vale la pena debido a los importantes ahorros relacionados con el gasto en educación y atención médica en las comunidades indocumentadas.
En cuanto a las familias con estatus mixto, como aquellas con hijos que son ciudadanos y padres indocumentados, uno de los exfuncionarios de Trump lo ve como una oportunidad, con la esperanza de que la amenaza de expulsar a un miembro impulse a familias enteras a irse. “Tus padres no pueden utilizarte como pretexto para justificar su presencia ilegal”, dijo el exfuncionario.
Los exfuncionarios de Trump dijeron que sería necesaria la cooperación de todo el Gobierno federal, no solo del liderazgo del DHS.
Uno de los exfuncionarios dijo que el esfuerzo requeriría de alguien que “tire del gatillo”, alguien en el DHS que no tendría miedo de presentarse frente al Congreso y defender el esfuerzo de deportación.
Los exfuncionarios de Trump dijeron que se necesitaría la aceptación y los recursos de agencias como el Pentágono, a las que se les pediría que participaran en el establecimiento de campos de detención o en la reubicación de inmigrantes a bases militares extranjeras.
Se recurriría al Departamento del Interior porque podrían necesitarse terrenos federales para los lugares de deportación. Además, indicaron que se requeriría la cooperación del Departamento de Justicia y la DEA, así como del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa el cuidado y la custodia de niños no acompañados, para facilitar las deportaciones.
Mario Russell, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios, un grupo de expertos que aboga por los derechos de los inmigrantes, está de acuerdo en que deportar a millones de personas requeriría todos los aspectos del Gobierno. “Pero sería una locura, absurdamente costoso y contraproducente, por no decir profundamente cruel”, afirmó.
Su equipo estima que alrededor del 50% de la población indocumentada del país son en realidad personas que se quedaron en Estados Unidos después de que expiraran sus visas. Dijo que otros podrían tener estatus de dreamer, estatus de trabajadores temporales o estar resolviendo casos a través del sistema de asilo.
También explicó que su grupo se preparó para un escenario de deportación masiva similar antes de la toma de posesión de Trump en 2017 y que no se materializó la expulsión de millones de inmigrantes. “Uno se pregunta si se trata más de palabras que de una amenaza”, dijo.
📰 Telemundo Noticias
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